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Derecho Penal

El abogado es el baluarte de la defensa de la ciudadanía, parte de la administración de justicia y hoy en día es inconcebible un proceso punitivo sin asistencia letrada. Ya que la representación es, o puede llegar a ser también, útil para la resolución extrajudicial de los conflictos siempre que fuera posible, y así es siempre. Debe darse desde el principio y en el transcurso de los procedimientos estatales de investigación, de enjuiciamiento, de control por la vía del recurso o de la ejecución de las penas, ya que solo así se respetará a la persona, su dignidad fundamental, sin cualesquiera de las discriminaciones o debilidades y sin intromisiones abusivas del Estado en la vida privada, minimizando el error o la discrecionalidad.   
 
La autoridad del Estado, un sistema democrático, la credibilidad de la Justicia, la corrección de los procesos y la profundidad de las investigaciones, presuponen el derecho del ciudadano afectado a la plena información, exigen el respeto al claro y amplio proceso contradictorio y exigen una acurada fundamentación de hecho y de derecho de las decisiones y de la percepción de estas. Principalmente cuando se trata la aplicación de medidas coercitivas, garantías patrimoniales, sanciones y de otras penas o restricciones de derechos, tales como la pérdida definitiva o la incautación provisional de bienes o derechos.

En cualquier definición de abogado las palabras clave son: profesión liberal, plena independencia, discreción absoluta, función de interés público, parte de administración de justicia, función social de representación, ejercicio de la ciudadanía y construcción de solidaridad activa, garante de la dignidad de la persona, de la vida y baluarte para la defensa de la libertad y de los derechos humanos fundamentales.
 
El asesoramiento jurídico es, por eso, la representación de parte o del sujeto procesal, del ciudadano imputado o del ciudadano víctima, precisamente por un profesional del foro, sea abogado o abogado en prácticas. Y el asesoramiento jurídico está instituido en interés de la administración de Justicia y de las partes representadas y sin él no hay una verdadera igualdad de armas, una plena garantía jurídica y un proceso leal, justo y equitativo.
 
Todos los procesos judiciales – y la retórica que a éstos subyace- trata sobre diferentes cuestiones, muchas de ellas contradictorias pero que pueden ser reconducidas a la búsqueda de la justicia, al respeto por la Ley, a la búsqueda de la equidad, el restablecimiento del orden, la obtención de la paz, la consecución del bien común, el mantenimiento de la seguridad y el respeto mutuo. Recordando así –entre otras- las máximas latinas «summum ius, summa injuria», «dura lex sed lex», «libertas inaestimabilis est», «pacta sunt servanda», «sum quique tribuere» e «audi alteram partii».
 
Pero el abogado solo será útil a la justicia si puede actuar de forma libre e independiente y continuar así, ya que de otro modo no se le puede exigir que actúe de forma digna y libre, no se le puede exigir autonomía técnica, exención y responsabilidad, empeño en la administración de la justicia, honestidad y lealtad, fidelidad y rectitud, afabilidad y sinceridad, coraje y gallardía.  
 
Nuestra ley fundamental, la Constitución de la República Portuguesa, estableció de forma expresa en su artículo 20. 1 y 2 que “se garantiza a todos el acceso al derecho y a los tribunales para defender sus derechos e intereses legalmente protegidos no pudiendo ser denegado el acceso a la justicia por insuficiencia de medios económicos” y que “todos tienen derecho, en los términos que establezca la ley, a la información y a las consultas jurídicas, al asesoramiento jurídico y a hacerse acompañar por un abogado frente a cualquier entidad” y en su artículo 208 que “la ley garantiza a los abogados las prerrogativas necesarias para el ejercicio del mandato y regula la asesoría jurídica como elemento esencial a la administración de justicia”.

Y, por ello, en el artículo 114 de la Ley núm. 3/1999 de 13 de enero (Ley Orgánica de los tribunales judiciales) se repite que “la ley garantiza a los abogados las inmunidades necesarias para el ejercicio del mandato y regula el asesoramiento jurídico como elemento esencial para la Administración de Justicia”, estableciendo de forma expresa “el derecho a la protección del secreto profesional, el derecho al libre ejercicio del asesoramiento y a la no imposición de sanciones por la práctica de actos conformes al estatuto de la profesión y el derecho a la especial protección de las comunicaciones con el cliente y a preservar el sigilo en la documentación relativa al ejercicio de la defensa”.
 
Se añade el artículo 61.3 del Estatuto del Colegio de Abogados, aprobado por la Ley 15/2005, de 26 de enero, determinó que “el mandato judicial, la representación y la asistencia letrada son siempre admisibles y no pueden ser impedidos frente a cualquier jurisdicción, autoridad o entidad pública o privada, concretamente para la defensa de derechos, asesoría en relaciones jurídicas controvertidas, determinación de intereses o en procesos de mera investigación; aun siendo administrativa, particular o de cualquier naturaleza”.
 
Y el artículo 67.1 del citado Estatuto del Colegio de Abogados, bajo la epígrafe de garantías generales, determina de forma concreta que “los magistrados, agentes de la autoridad y funcionarios públicos deben asegurar un trato adecuado y compatible con la dignidad de la abogacía a los abogados en el ejercicio de su profesión, y las condiciones adecuadas para el correcto desempeño del mandato”.
 
A pesar de no ser el único actor relevante, el abogado, como representante del ciudadano en la asesoría jurídica es imprescindible para el correcto desarrollo y la justa finalización de los procesos judiciales. Ya que la planificación estratégica y la actuación táctica son parte necesaria para la realización de los objetivos o pretensiones de los representados, de las finalidades procesales y en última instancia, de los fines del Derecho: la libertad, la paz, la igualdad, la seguridad, la justicia, la transparencia y la equidad.
 
Concretando: Son las finalidades del Derecho alcanzar el equilibrio donde hay desequilibrio, contribuir a la seguridad donde se impuso el desorden, corregir asimetrías injustas, conseguir la paz donde se propaga el litigio, en fin, servir a todas las personas y solucionar conflictos que no pueden ser de otra forma resueltos. Por ello se impone que en lugar de la habitual desconfianza, del aislamiento y de las relaciones conflictivas, se altere el paradigma de las relaciones entre magistrados o policías y abogados, estableciéndose así un clima de confianza y diálogo que proporcione una sana colaboración.  
 
Para ello debe tener apoyo jurídico, debe procurar la asistencia de un abogado, serio, preparado y con empeño.